Analisis prospectivo del gobierno de Macri

Crédito: EFE

Cómo empieza el segundo año de la restauración conservadora de Macri.  

Por Demián Verduga

Foto: Demián Verduga

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Argentina fue el país en el que se produjo el punto de inflexión que disparó un cambio de ciclo en varios países sudamericanos que durante más de 10 años tuvieron gobiernos progresistas. Con las enormes diferencias que hubo en los procesos vividos en Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Uruguay, hay dos pilares aplicables a todos. Se impulsaron políticas que generaron mayor nivel de inclusión social, de igualdad, y que aumentaron los niveles de soberanía relativa de los países, lo que llevaba incluida la integración regional. En medio de esos dos pilares, los matices y diferencias de los procesos de cada país, por sus rasgos culturales, por sus distintos niveles de desarrollo, fueron y son muy grandes.

En Argentina no hubo un dato electoral demasiado distinto al resto. Ya en la cuarta reelección de Hugo Chávez en Venezuela, en 2012, pocos meses antes de su muerte, quedó claro que la ecuación estaba cambiando. El líder bolivariano, acostumbrado a ganar por diferencias de 20 puntos, logró su nueva reelección por una diferencia de 10 por ciento contra Henrique Capriles. Pocos meses después Chávez murió. Volvió a votarse  y el actual presidente, Nicolás Maduro, ganó, pero esta vez por menos de dos puntos. Lo mismo sucedió en el ballotage que reeligió a Dilma Rouseff en Brasil. El resultado que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de Argentina en noviembre de 2015 no fue muy diferente, sólo que esos dos puntos cayeron de diferencia cayeron del lado del actual mandatario argentino.

Por este lugar que ocupó Argentina es que resulta necesario un balance sobre qué dejó el primer año de Macri y cómo comienza el segundo, en el que se juega el destino de su proyecto político. El presidente necesita ganar las elecciones parlamentarias de octubre para ratificar el respaldo a su gobierno.

La situación social. Todos los datos globales de la situación socio-económica fueron malos para el primer año de gobierno de la “nueva derecha”. El PBI se redujo alrededor de 3 puntos, la inflación, que era alta cuando Macri asumió, pasó del 22 al 41 por ciento anual. El déficit fiscal se duplicó, el número de pobres creció en 2 millones, según los datos oficiales y de distintas consultoras, el desempleo pasó del 7 al 9 por ciento y la deuda pública creció del 43 al 55% del PBI, con el agravante de que la mayoría del incremento se produjo por tomas en moneda extranjera, lo que complica el refinanciamiento en el futuro.

El único dato positivo, que se dará a conocer en marzo, es que el gobierno logró el blanqueo de capitales más importante de la historia argentina. Se calcula que cuando cierre el proceso se habrán blanqueado más de 100 mil millones de dólares en bienes y dinero que permanecía no declarado.

La situación social y económica es la que ha hecho que la popularidad del presidente y su gestión callera alrededor de 20 puntos en su primer año. Sin embargo, Macri conserva un apoyo no despreciable que ronda el 45%. Allí hay una porción de “núcleo duro”, formado por los sectores de la sociedad que rechazaban de modo visceral al gobierno anterior, y otro segmento que aún cree que hay que darle al oficialismo “un tiempo más”, teniendo en cuenta que la Argentina suele ser un país de cambios de humor repentinos.

Política exterior. El núcleo central de la política exterior de Macri fue volver a alinear al país con los mandatos de Estados Unidos, como en buena medida hizo el peronista Carlos Menem en la década del ’90. Al igual que en aquellos años, uno de los pilares es atacar al país de la región con el que EE:UU tenga mayores conflictos. En los ’90, Menem se alienó con los norteamericanos en contra de Cuba en todos los organismos multilaterales. Macri hace lo mismo hoy, pero con Venezuela.

Cabe señalar las diferencias de habilidad política en ambos casos. Menem siempre buscó la forma de mantener buenas relaciones con Fidel Castro a pesar de su posición internacional y encontró un camino. Cuba le debía (le debe aún) a la Argentina al menos 2400 millones de dólares de un préstamo realizado a la isla en 1973. El acuerdo Menem-Fidel fue que el argentino no reclamaría la deuda a cambio de preservar buenas relaciones, a pesar de sus votos contra la isla en la ONU. Por eso es que Fidel solía declarar: “Hay un Menem público y otro privado”, y el argentino, a su vez, sostenía que “era amigo” del líder de la revolución.

Nada de esto sucede ahora con Venezuela. El gobierno de Macri no construyó  ningún puente con Maduro, ni siquiera por debajo de la mesa. Esto ha producido tensiones diplomáticas de una magnitud inusitada, que hace muchos años no tenía la Argentina con un país de la región, por las permanentes condenas de Macri al gobierno bolivariano, con el único objetivo de mostrarse alineado con Washington.

El daño institucional. A pesar de que el gobierno actual llegó al poder prometiendo “mayor calidad institucional” y respeto al estado de derecho, va a ser muy difícil reconstruir el daño que se le ha hecho particularmente a la independencia del poder judicial. No es que en los gobiernos anteriores no hubiese presiones y operaciones judiciales. La “independencia” de la Justicia Federal se basa, en realidad, en que cada juzgado federal, son 12 en total, responde a distintos intereses y alianzas político-empresariales. Esto, en rigor, es lo que por momentos produce cierto equilibrio.

La diferencia hoy es que, desde la restauración de la democracia en 1983, ningún gobierno se había propuestos exterminar políticamente a su antecesor y a su adversario. Menem, por ejemplo, que llegó al poder después de Raúl Alfonsín, no se propuso exterminar políticamente al alfonsinismo ni al radicalismo. Cuando el radical Fernando De la Rúa reemplazó a Menem tampoco existió ese objetivo, lo mismo cuando Eduardo Duhalde sucedió a De la Rúa y cuando Néstor Kirchner reemplazó a Duhalde. Había acusaciones, con más o menos asidero, un poco de ruido, pero no la montaña de denuncias que se tiran sobre al ex presidenta Cristina Fernández, que van desde corrupción, pasando por el asesinato del ex fiscal Alberto Nisman y traición a la Patria por el acuerdo con Irán para que la justicia argentina pudiese tomar declaraciones a los iraníes acusados de atentar contra la institución judía AMIA en 1994.

Este es un objetivo de destrucción no es sólo de Macri sino de grupos de poder, como los grandes medios, que escapan al control del presidente y tienen un enorme incidencia en la justicia. Por eso es que el nivel de judicialización de la política está tocando niveles risueños.

Para encontrar un período de persecución político-judicial de la misma magnitud hay que retroceder 70 años y buscar el accionar de la dictadura que derrocó a Juan Perón en 1955.  Y al igual que en aquellos años, la desmesura por destruir la popularidad de Cristina tiene, en cierta medida, efecto boomerang. Las causas en las que podría haber elementos para realizar una investigación seria y esperar el veredicto, están tapadas por la voracidad del grupo de jueces y fiscales, más los grandes medios, que encabezan la embestida, y están en una carrera por acumular acusaciones altisonantes. Por otra parte, este accionar ha galvanizado al tercio de la sociedad que respalda de modo casi incondicional a la ex presidenta y que al ver “la saña” no duda de que se trata de una persecución política.

El equilibrio. El único aprendizaje que parece haber incorporado los neoliberales que rodean al presidente, en comparación con ciclo de Menem, es que no se puede permitir que la situación social se desbande, como ocurrió en los ’90 cuando el desempleo superó los dos dígitos y no había ninguna política de contención para ese sector de la población. Por esto es que Macri, por ahora, decidió mantener y, en algún caso ampliar, las dos políticas sociales que son parte del legado civilizatorio del kirchnerismo. Esas dos políticas son la jubilación universal, con la que las personas en edad de jubilarse que no tuvieron aportes a la seguridad social pueden hacerlo y cobrar, hoy, el 80% de la mínima, que se ubica alrededor de los 350 dólares mensuales. Y la Asignación por hijo, un derecho que cobran los trabajadores registrados por cada hijo que tienen y que se extendió a los informales y a los desocupados.

El gobierno ha mantenido estas dos grandes políticas de inclusión social y, en algún caso, las extendió levemente. Este es el punto de equilibrio que busca Macri para garantizar la gobernabilidad del ajuste que impulsa. El punto es que a medida que se profundiza la recesión por las medidas económicas que atentaron contra el poder adquisitivo de los salarios y la industria que produce para el mercado local, el Estado tiene menos recursos para la inversión social y el equilibrio del gobierno se complica en el año electoral.                     

 

 

 

 

               

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