Edgar Gutiérrez ex canciller de Guatemala, ubica históricamente las condiciones específicas de creación y funcionamiento de la CICIG, que deben tomar en cuenta quienes reclaman su reproducción en otros países, inclusive en México

La CICIG: un diseño nacional y una aplicación internacional

Édgar Gutiérrez

Resumen

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una novedosa herramienta de cooperación en el ámbito de las Naciones Unidas, diseñada para perseguir penalmente redes criminales y de corrupción que anidan en las instituciones estatales. La CICIG va sobre su noveno año de operaciones, y fue a partir de 2015 que logró el mayor impacto encarcelando por delitos fiscales al presidente Otto Pérez, la vicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos funcionarios de Gobierno y del Congreso, así como a prominentes directores de poderosas corporaciones empresariales. Es relevante el apoyo multitudinario que recibe de la población guatemalteca movilizada en las plazas.

Palabras clave. CICIG, impunidad, redes criminales, cooperación internacional, estado fallido.

Retorno del futuro

En el 2000 un grupo de jóvenes científicos sociales de la recién desmilitarizada Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República hizo un ejercicio de prospectiva, preguntándose cómo sería Guatemala en 2020. Uno de los escenarios más inquietantes les conducía a ver convertido a su país en lo que la literatura anglosajona comenzó a llamar en esos años el “Estado fallido”. Hay que aclarar que probablemente Guatemala es ya desde hace muchos años un Estado fallido para el 80% de la población, particularmente mujeres e indígenas, que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, educación, seguridad e infraestructura básica.

Pero ellos se referían a otros datos tan inquietantes que agravaban la condición del Estado. Por ejemplo, la pérdida de control de porciones apreciables de su territorio que pasaban a ser gobernados por grupos criminales, especialmente en áreas de fronteras con Honduras, México y las zonas costeras del Pacífico. Otro registro era que ciertas oficinas clave del Estado eran capturadas por estructuras criminales y por corporaciones privadas con el propósito de lucrar, unos de manera ilícita y otros para mantener lícitamente, pero mediante sobornos y otras formas de corrupción, el control de monopolio u oligopolio de mercados estratégicos. Finalmente, un tercer dato era una probable evolución de las organizaciones criminales en su relación con el Estado. En la década de 1980 y 1990 habían pasado de la fase predatoria a la fase parasitaria en el 2000, y sentaban fuertes bases para una fase simbiótica, de interdependencia con el sistema político, como quedó constatado en 2015.

El problema era la insuficiencia o debilidad de las reservas morales en la sociedad y en el propio Estado para enfrentar o al menos mitigar este escenario de amenaza. Concluyeron, por eso, que necesitaban una forma distinta de cooperación por parte de la comunidad internacional. La observación, la asesoría y la mera transferencia “técnica” de capacidades institucionales eran insuficientes para modificar el curso de los acontecimientos, pero tampoco estaban entonces en la posición de promover una Misión de Paz con “cascos azules” de las Naciones Unidas. Pensaron en un recurso intermedio: unos investigadores y fiscales internacionales que cooperarían con el Ministerio Público guatemalteco, que a la vez tendrían capacidad de acción autónoma.

En 2003 varios de esos protagonistas de la prospectiva (incluyéndome) ya estaban en puestos de mando en la Cancillería guatemalteca y pasaron de la teoría a la práctica. Con el aval del entonces presidente Alfonso Portillo pusieron en marcha el diseño, y su discusión tuvo dos fases. La primera con las organizaciones de derechos humanos de Guatemala, con el apoyo de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson de Human Rights Watch. La segunda con la Subsecretaría de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas en Nueva York, y el diseño terminó de adquirir forma en Viena, con el grupo de expertos de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC). Ese proceso consumió un año, incluyendo el aval de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2003 y el envío del acuerdo al Congreso de Guatemala en enero 2004.

Lo que hoy se conoce como CICIG se llamó al inicio CICIACS (Comisión Internacional contra Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) y era una comisión autónoma de la ONU, que trabajaba en base a un acuerdo con el Ministerio Público guatemalteco y se enfocaba en desmantelar las redes de crimen y corrupción que anidaban en el Estado. Ese acuerdo fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad alegando que era contrario a la Constitución guatemalteca, pero el esfuerzo no decayó con el cambio de gobierno que ocurrió en 2004. Las organizaciones de derechos humanos lo siguieron reivindicando y encontraron un aliado en el entonces vicepresidente Eduardo Stein. Finalmente, después de la conmoción en febrero de 2007 por la  matanza de tres parlamentarios salvadoreños integrantes del Parlamento Centroamericano y cuyos perpetradores pertenecían a la cúpula del Ministerio de Gobernación de Guatemala, la CICIACS, ya con el nombre de CICIG fue aprobada por el Congreso guatemalteco el 1 de agosto de 2007.

El principio de negociación internacional de Guatemala con las Naciones Unidas sobre la CICIG fue el de soberanía compartida. Guatemala cedería parte de su soberanía al incorporar a fiscales e investigadores internacionales en procesos penales internos, y la ONU de alguna manera cedería al atenerse no a los tribunales internacionales sino a las leyes y tribunales guatemaltecos para sostener acusaciones penales. Si la legislación local era anacrónica, la CICIG tenía el mandato de proponer reformas, como en efecto lo ha hecho.

Riesgos en la transición de la guerra a la paz

Aunque la creación de la CICIG llevó cuatro años (2003-7) de intensas negociaciones internas en Guatemala, y su diseño fue resultado de aproximaciones sucesivas en las que participaron, como se dijo, funcionarios de dos gobiernos al más alto nivel, activistas de derechos humanos y expertos de las Naciones Unidas, su historia oficial se remonta a 1994, cuando en uno de los Acuerdos de Paz (que clausuraron 36 años de conflicto armado interno), en el Acuerdo Global de Derechos Humanos se incluyó esta cláusula: “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.”[1]

Los mediadores de los acuerdos de paz en Guatemala habían recién aprendido una lección de la posguerra en El Salvador: los riesgos de rearticulación de “escuadrones de la muerte” que podían poner hacer fracasar el cese al fuego definitivo, y para sofocar el imprevisto las Naciones Unidas y el gobierno salvadoreño formaron, en diciembre de 1993, el llamado Grupo Conjunto. Pero los hallazgos de los investigadores (julio 1994) no fueron enteramente los previstos. En primer lugar no se trataba de estructuras de la guerra ni de agentes del Estado, sino de desmovilizados de la oficial Fuerza Armada y del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Y en segundo lugar, los elementos afectados por el proceso de paz habían mutado a la delincuencia común y el crimen organizado, aunque ciertamente  en ciertos casos ejercían “violencia política privada” y “ajuste de cuentas del pasado”.

El Acuerdo Global de Derechos Humanos de Guatemala entró en vigencia a los pocos meses de su firma, dos años antes del acuerdo definitivo de paz, y de inmediato se organizó un mecanismo preliminar ad hoc de supervisión, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Entre marzo de 1995 y noviembre de 2003 la MINUGUA publicó 24 informes sobre el cumplimiento del Acuerdo Global y en cada uno incluía un parágrafo sobre el Compromiso 4º, numeral 1). En el primer informe llamaba la atención acerca del “elevado número de asesinatos y amenazas” contra activistas de derechos humanos, subrayando que los indicios de responsabilidad “apuntan a las maras” (sicariato) y a “estructuras clandestinas organizadas o utilizadas por agentes del Estado”. Concretamente, decía, se trata de “estructuras clandestinas de agentes del Estado… empleadas… contra elementos considerados subversivos, para defender intereses privados o para efectuar “limpieza social”.

El nivel de alarma fue subiendo en cada informe durante una década, hasta que en el último, el 24, la MINUGUA llegó a afirmar: “Hay pruebas de la existencia de vínculos entre la inteligencia militar… con esfuerzos para obstaculizar investigaciones y juicios sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”; además, “…hay una mutación de las estructuras de la época del conflicto en redes multiformes, involucradas en la corrupción y el crimen organizado”. Muchos otros observadores independientes (la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, los Relatores de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Latinoamérica, WOLA) coincidían en el diagnóstico, incluso la oficial Secretaría de Análisis de la Presidencia de la República (SAE).[2] El problema era que a pesar de las alarmas, indicios y evidencias las autoridades no investigaban ni desmantelaban los CIACS.[3]

CIACS, el nuevo nombre de la mafia

La CICIG nació como una demanda de protección a los activistas de los derechos humanos, pero inevitablemente el diseño y los objetivos se modificaron pues los CIACS en efecto habían mutado. Pretendían detener la justicia transicional, pero ya eran mafias. El crimen que movió la frontera de los derechos humanos hacia el crimen organizado, fue la muerte violenta del obispo Juan Gerardi, el director pastoral del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), cruelmente lapidado el 26 de abril de 1998, apenas 48 horas después de haber presentado en la Catedral Metropolitana, en compañía de los obispos de la Conferencia Episcopal y representantes de gobiernos e iglesias de varios países, el informe “Guatemala Nunca Más”, que narra con detalles el holocausto de la guerra civil de 36 años.

Gerardi fue asesinado por un comando militar del Estado Mayor Presidencial del presidente Álvaro Arzú y pretendía poner la “tapa” a la justicia transicional, para lo cual concitó el apoyo del viejo status quo involucrado directa o indirectamente en las graves violaciones de los derechos humanos: varias corrientes militares confrontadas entre sí por cuotas de poder, ciertos empresarios tradicionales que financiaron a los escuadrones de la muerte, políticos, abogados y formadores de opinión anticomunistas que querían una paz con olvido. Pero ese grupo de oficiales militares que rodeaban al Presidente en realidad se preparaba para el control mafioso del Estado y de negocios privados. El jefe del comando, el general Marco Espinosa, fue involucrado en el crimen de un empresario petrolero para hacerse del negocio, y uno de los mandos medios, el capitán Byron Lima, condenado por el crimen, es reconocido desde hace años como “el rey de las cárceles”, con presuntos vínculos con el crimen organizado. Y no son los únicos ejemplos de viejos agentes de inteligencia durante el autoritarismo que saltaron, en la transición de la guerra a la paz, a posiciones de control mafioso del Estado.[4]

Como se dijo, los CIACS  son “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, y según investigaciones de prensa, de las Naciones Unidas y más recientemente de los fiscales del Ministerio Público y la CICIG, son los responsables de numerosas ejecuciones y amenazas. Es más, han anidado en los propios aparatos de seguridad y justicia del Estado. En 1997, apenas un año después de firmados los Acuerdos de Paz, fue localizada una de esas estructuras, La Oficinita, integrada por fiscales, abogados litigantes, miembros de inteligencia militar e investigadores privados; su función era desviar las pesquisas en el Ministerio Público y bloquear casos selectivos en los tribunales. Un poderoso manto de encubrimiento desde las instituciones clave de la seguridad facilitó a los CIACS tejer una red completa de impunidad, que dos décadas más tarde convirtió a Guatemala en un Estado cuasi fallido.

Los CIACS se forjaron como pactos de sangre en las operaciones militares y policiales más intensas de la batida contra la insurgencia marxista a inicios de la década de 1980. Se desprendían de la tropa regular, como pequeñas células desplazándose a hurtadillas, para cobrar su propio impuesto de guerra (por ejemplo, robo de vehículos y de ganado). O bien, por encargo de particulares –que eran cada vez más frecuentes– eliminaban pandillas de extorsionistas, secuestradores, asaltantes o cuatreros.

En realidad la amenaza guerrillera había sido neutralizada desde 1983, pero el estado de alerta –incluyendo dislocación de tropas, altos presupuestos militares discrecionales, controles poblacionales y operaciones clandestinas– se mantuvo innecesariamente hasta 1997, cuando comenzó a diluirse de manera lenta y desigual, tras la desmovilización oficial de la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con los Acuerdos de Paz .

Sin embargo, para entonces, ya estaba identificada la nueva amenaza: “la gran traición”. El sistema entero (políticos, empresarios y hasta algunos jefes militares) les daba la espalda,  desechaba a los “DCI” (De Contra Inteligencia, estructuras de ejecuciones clandestinas dentro del Ejército contrainsurgente, atrozmente eficaces) y a sus mandos con deshonra, y los exponían como viles gorilas que deberían ser confinados a las cavernas. Algunos “sabían demasiado” y periódicamente eran eliminados ante el riesgo de que, en un momento de debilidad, “soltaran la sopa” (confesaran crímenes que involucraban a prominentes miembros del statu quo).

Dados de baja de las estructuras de seguridad, varios DCI salieron al “mercado” de la seguridad. Sus destrezas en el manejo de armas, conducción de operaciones punitivas y montaje de redes de espionaje, constituían su capital de trabajo. Buscaron socios civiles y se aventuraron a organizar empresas en un ambiente que, erizado por la inflación de la violencia criminal en el postconflicto, sobre todo secuestros de empresarios, elevó la demanda de servicios privados de seguridad. Otros DCI pasaron directamente a las planillas de corporaciones que necesitaban organizar discretos pero efectivos aparatos de seguridad y espionaje industrial. Otros más fueron a dar protección a narcotraficantes que ya entonces formalizaban las subsidiarias de carteles colombianos y posteriormente mexicanos. Naturalmente no había entre esos campos fronteras cerradas, todo lo contrario.

Los CIACS pasaron a tener diferentes funciones y relaciones. Algunos son permanentes y tienen, como cuerpos privados, vida legal, pero igualmente, pueden cometer acciones ilegales y operar clandestinamente. Otros forman parte de estructuras complejas con objetivos de más largo alcance, de carácter político o comercial; en esa organización, que posee ramas de especialización profesional, como una entidad corporativa y de lucro, los CIACS constituyen el brazo armado y de inteligencia, replicando un Estado en miniatura. Los hay también sumamente flexibles: se agrupan para cumplir determinadas tareas e inmediatamente se diluyen, no son permanentes y sus integrantes a veces se rotan.

Entre esas múltiples funciones y relaciones trasvasan al Estado contaminándolo a través de infiltración, cooptación de agentes y hasta mandos y estructuras completas. Los CIACS más poderosos son, sin duda, los que pertenecen al crimen organizado y los que han montado algunas corporaciones privadas. Los del crimen organizado han echado raíces en el poder local, y los de las corporaciones se bifurcan hacia varios poderes del Estado central y entidades civiles.

Los CIACS son una suerte de mafia –al estilo siciliano- en el sentido que medran de la debilidad de las instituciones estatales. Venden o están al servicio de intereses particulares (lícitos o no), les proporcionan seguridad, les arreglan el cumplimiento de contratos o eliminan competencias, cuidando celosamente su tarea estratégica: producir impunidad, manteniendo un Estado gelatinoso (en el sentido que puede parecer maleable pero paulatinamente vuelve a su estructura esencial) frente a los repetidos esfuerzos de reforma y modernización, emprendidos a través de tres décadas.

En una visión de secuencia, los CIACS han pasado por varias fases, como se puede observar en el diagrama. Durante el periodo de gobierno del general Otto Pérez Molina pasaron de la fase de feudalización –controles territoriales y de porciones del poder estatal–, al poder central del Estado, lo que constituyó el mayor riesgo de Estado fallido. Justamente las investigaciones de la CICIG y del MP sobre la estructura de defraudación fiscal denominada “La Línea”, que en 2015 obligó a la renuncia del presidente Pérez Molina, de la vicepresidenta Roxana Baldetti y de la mayoría de sus más cercanos colaboradores y ministros de Estado, alejaron momentáneamente a Guatemala del estadio fallido.

Breve bitácora de la CICIG

El 12 de diciembre de 2006 las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo de creación de la CICIG, como un órgano de investigación de hechos delictivos cometidos por los CIACS, y para procurar su desmantelamiento. El 1 de agosto de 2007 el Congreso de Guatemala aprobó ese Acuerdo, que entró en vigencia el 4 de septiembre de 2007 como Ley de la República de Guatemala. El 14 de septiembre de 2007 el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon nombró como comisionado de la CICIG a Carlos Castresana. El 27 de agosto de 2009 se renovó, mediante intercambio de cartas, el primer mandato de la CICIG. El mandato fue renovado sucesivamente en 2011, 2013 y 2015, mientras que como comisionados han sido nombrados el fiscal costarricense Francisco Dall´Anese (agosto 2010-mayo 2013) y el magistrado colombiano Iván Velásquez (septiembre 2013 hasta la fecha).

Las etapas de la CICIG están justamente marcadas por el estilo y abordaje de sus tres comisionados, Castresana (2007-10), Dall´Anese (2010-13) y Velásquez (2013-?).  Contrario a lo que ocurre con las agencias de las Naciones Unidas, la CICIG arrancó prácticamente de cero. Con una nomenclatura de contratación de personal, pero sin considerarlos funcionarios de la ONU, salvo el comisionado que era nombrado por el Secretario General con el rango de subsecretario. Todo lo demás tenían que hacerlo a partir de sus propias necesidades. Significaba que la CICIG iba haciendo camino al andar. Se libraba de procesos burocráticos y muy reglamentados y se daba paso a la creatividad.

El primer reto metodológico era cómo entender el mandato y de qué manera enfocar el fenómeno criminal que representaban los CIACS. Comenzó aplicándose el enfoque de “casos”, por ejemplo el caso Pavón,[5] el caso Parlacen,[6] el caso Infiernito[7] y tantos más. Fue sobre la marcha que se entendió que una sola estructura criminal desde la cúpula era la responsable de todos esos casos. Entonces del enfoque de casos había qué pasar al de estructuras criminales.

Otro fue el reto político. El primer comisionado el español Carlos Castresana entendió que su éxito se basaba en el apoyo de los factores clave de la gobernabilidad en Guatemala. Procuró alianzas con personas claves de la sociedad civil y de las grandes corporaciones empresariales. Hizo un análisis muy esquemático de las elites y sus intereses. Su hipótesis fue que los grupos emergentes de poder eran más propensos a la corrupción y al crimen para acumular dinero y poder rápidamente, por tanto entre ellos iba a encontrar a sus potenciales enemigos y adversarios de la CICIG. En cambio los grupos tradicionales serían sus aliados pues temían la competencia desleal de los emergentes y como estaban instalados no necesitaban ni de la corrupción ni del crimen para mantener o ampliar su poder.[8]

La realidad desmintió a Castresana. Eran los grupos tradicionales justamente los que estaban detrás de la estructura criminal de los parlamentarios salvadoreños, y de miles de casos de “limpieza social”, es decir, Pavón, Infiernito etcétera. Eso provocó un cisma dentro de la CICIG y sus fiscales e investigadores más calificados renunciaron alegando conflictos de interés y retardo malicioso en la presentación de los casos a los tribunales. Eso fue entre 2009 y 2010, y en ese momento se hizo evidente una debilidad institucional de la CICIG: los mecanismos de supervisión de las Naciones Unidas no aplicaban y el sistema de rendición de cuentas estaba vedado a los guatemaltecos. Castresana renunció y en su lugar fue nombrado el fiscal costarricense Francisco Dall´anese.

Dall´anese encontró en la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz a una invaluable y valiente aliada, impensable hasta entonces. Pero la situación interna de la CICIG no era la mejor. No supo manejar la transición y la mayoría de casos de investigación de estructuras poderosas que involucraban a altos mandos gubernamentales y de las corporaciones fueron detenidos en los mandos bajos y medios de los criminales. Dall´Anese entró en choque con el Organismo Judicial al publicar un expediente de operadores de justicia supuestamente vinculados a estructuras criminales o CIACS, pero no pudo sostener los señalamientos con casos judiciales en los tribunales.

Por otro lado, a la debilidad de mecanismos de supervisión de la ONU se agregó la falta de personal permanente de la Comisión, y la excesiva rotación de investigadores y fiscales conspiró contra la eficacia en la investigación y la preparación de los procesos penales. Además, la CICIG, como órgano temporal, no contaba con un presupuesto establecido y dependía de los aportes de los países miembros. Los comisionados debían hacer gestiones directas en las capitales de los países cooperantes, en Europa (Suecia, España, Alemania, la UE etc.), Estados Unidos y Canadá a fin de completar los presupuestos. Estas gestiones implicaban tiempo que se restaba a la función sustantiva y tampoco ayudaban a la estabilidad del personal.

Con el comisionado Iván Velásquez la CICIG y la nueva fiscal Thelma Aldana llegó a una etapa de maduración y su poder transformador del estatus de impunidad de Guatemala está a la vista, sobre todo a partir de abril de 2015. La CICIG no necesitó realizar alianzas con las elites tradicionales ni emergentes, sino mostrar el poder de la justicia independiente y con eso ganó una credibilidad inmensa en la sociedad, hasta el punto de movilizar a decenas de miles de guatemaltecos durante 20 semanas consecutivas logrando cambiar pacíficamente a unos mandatarios que habían traicionado su juramento de defender la Constitución y las leyes. La CICIG ha ido tras un Presidente de la República y la Vicepresidenta, varios ministros de Estado, diputados, alcaldes y también poderosas corporaciones, como Aceros de Guatemala, entre otras, que hasta ahora gozaban de mayor inmunidad que las propias autoridades democráticas.

Lecciones por aprender

La CICIG es una herramienta única, diseñada ad hoc para las condiciones de Guatemala del siglo XXI. Tiene más poderes que los órganos asesores o de transferencia de capacidades de la ONU (por ejemplo, MINUGUA o la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos), pero no llega a ser una Misión de Mantenimiento de Paz (Cascos Azules), que despliega tropas en territorios de conflicto y fuera del control en los llamados “Estados fallidos”. La gran ventaja de la CICIG es que, creativamente, pudo abrir su propio camino. No estaba atada a los minuciosos procedimientos de la sede en Nueva York. La desventaja es que una obra en construcción que no avanzó rápidamente en su diseño institucional, favoreció la discrecionalidad de sus directores y operadores. Eso fue evidente sobre todo en el periodo de Castresana.

El referente del mandato de la CICIG (desmantelar CIACS) proviene de los Acuerdos de Paz que, a su vez, había aprendido sobre el fenómeno de los CIACS de la llamada Comisión Ad Hoc de la posguerra en El Salvador.[9] Avanzar en el diseño institucional de la CICIG significó desarrollar operacionalmente el concepto de CIACS y sus etapas evolutivas durante 25 años, así como madurar los abordajes de investigación penal de redes de crimen y corrupción altamente flexibles y con enorme capacidad de mutar. Este trabajo propio de especialistas teóricos y prácticos, no se hizo realmente. Después de casi nueve años, la provisionalidad de la CICIG atentó contra su propia eficiencia: como se dijo, la alta rotación de personal sabotea la integración de casos penales complejos que demandan dos y más años; financiamientos de corto plazo cuya gestión distraen la dirección sustantiva de la Comisión, y falta de mecanismos institucionales de supervisión y rendición de cuentas.

En el mundo hay decenas de países como Guatemala, con alta impunidad e instituciones porosas. Por eso es pertinente levantar el debate sobre que la ONU adopte la CICIG como órgano permanente de mirada global, aprendiendo de nuestras lecciones. Es fundamental que instrumentos de justicia como la CICIG salgan del lente ideológico de los grupos enfrentados en la sociedad. Las mafias, a las que se combate, no tienen ideología. En nuestro caso, recreados, los fantasmas de la guerra fría quedaron como anillo al dedo a los trúhanes, que se legitimaban cual perseguidos políticos, mientras buscaban arroparse con grupos conservadores apelando a identidades soterradas.

La percepción de la CICIG como herramienta de “corrección política” se fue modificando por la fuerza de la realidad. Quizá ese cambio inició en 2014 con el caso de una estructura criminal proveniente de una familia de narcotraficantes en la zona del Caribe, encabezada por Haroldo Mendoza. Se trataba de una mafia sin identidades de guerra fría que imponía su asfixiante ley de terror a pobladores humildes y desprotegidos. Un ejemplo de cómo los señores del crimen se adueñan de territorios enteros, junto a todo lo que contiene, sin que el Estado mueva un dedo por sus habitantes y propiedades. El cambio de percepción quedó reflejado, pocos meses después,  en una encuesta de agremiados de la Cámara de Comercio: más de tres de cada cuatro encuestados apoyó la permanencia de la Comisión. ¿Por qué? La seguridad ciudadana empeoraba y la corrupción era escandalosa. Pero luego vino el desmantelamiento de la “red Lima” sin mayor consecuencia.[10]

Ahora en Guatemala no hay opción a la CICIG. Volvemos la mirada sobre el archipiélago de instituciones nacionales de seguridad y justicia, y es un fango. En ese fango hay perlas (policías dignos, jueces valientes, fiscales íntegros, agentes de inteligencia honestos), pero sin configurar un hábitat donde respiren seguirán siendo cooptados, asfixiados o expulsados. Por otro lado, aunque los tengan, en realidad los problemas de esas instituciones no son de déficit de capacidades técnicas: es que en ellas, abierta o encubiertamente mandan las mafias.

La CICIG no es la panacea. En nueve años de operaciones la Comisión ha tenido un desempeño errático. Hay dos factores que casi la convierten en una misión experimental fallida: politización y gestión. La politización fue el mal que implantó Castresana, creyente de que los pactos con una parte de las elites locales lo volverían intocable o que rumores proclamados como verdades inapelables (pero no judicializables) lo harían temible. No creyó en el poder real de la justicia, y sin esa convicción era imposible que cumpliera su mandato. El problema de gestión es una mezcla de factores para nada insuperables, pero que demandan, además de adaptación al terreno, un liderazgo inobjetable y una supervisión estricta.

Las investigaciones originales de los casos El Infiernito, Pavón, Boquerón y Víctor Rivera (esas correspondieron a la gestión de Castresana, y eran conducidas por un contingente de fiscales, policías e investigadores éticos y profesionales, quienes, frustrados, abandonaron la CICIG), son sin embargo impensables bajo nuestras instituciones solas, repito, no por falta de capacidades técnicas sino por las ataduras de la corrupción, el crimen y los condicionamientos políticos. Por tanto es ingenuo pensar que en ese contexto la tarea de la CICIG es transferir capacidades técnicas que, de todos modos, solo puede ocurrir sobre el terreno: enseñar, haciendo y, a la vez, poniendo a prueba quien es quien dentro de las instituciones. La transferencia de capacidades institucionales ocurre en la práctica, no en salones de capacitación. Y la transformación del sistema de justicia puede ocurrir como un contagio en los operadores de justicia, siempre y cuando la sociedad esté auditándoles y los cambios se institucionalicen mediante reformas en el régimen político y administrativo del Estado.

Referencias bibliográficas

Gobierno de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG (1994). Acuerdo Global de Derechos Humanos. Compromiso 4º, numeral 1). México, D.F., 29 marzo 1994.

Cantón, Santiago (2015). “Guatemala, Estado fallido o justicia”, en Revista de Análisis de la Realidad Nacional. IPNUSAC, año 4, edición 12, abril/junio. Guatemala.

Goldman, Francisco (2007). The Art of Political Murder. Who Killed the Bishop? Grove Press: New York.

Gutiérrez, Edgar (2015). “Notas recientes sobre la CICIG”, en Revista de Análisis de la Realidad Nacional. IPNUSAC, año 4, edición 12, abril/junio. Guatemala.

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA (1994-2004). Informes semestrales de verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Open Society Justice Initiative (2015). “Una labor inacabada. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, en Revista de Análisis de la Realidad Nacional. IPNUSAC, año 4, edición 12, abril/junio. Guatemala.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009). Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. IDHAC, 2009-2010. Bogotá.

Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República de Guatemala, SAE (2002). “Patrones de asesinatos, amenazas e intimidaciones en contra de defensores de los derechos humanos”. Mimeo.

Schünemann, Julia (2010). Mirando al monstruo a la cara. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el “Contrato de construcción del Estado de derecho”. Iniciative for Peacebuilding. Cluster Seguridad. FRIDE, Madrid.

Silva Ávalos, Héctor (2014). Infiltrados. Crónica de la corrupción en la PNC, 1992-2013. UCA, Editores, El Salvador, San Salvador.

…………………………

Edgar Gutiérrez. Es coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia (2000-2) y Ministro de Relaciones Exteriores (2002-4), encargado del primer diseño y negociación de la CICIG, cuando se denominó CICIACS. Entre 1995 y 1998 dirigió el informe “Guatemala Nunca Más” de la Recuperación de la Memoria Histórica (Iglesia católica de Guatemala) sobre  crímenes durante el enfrentamiento armado interno.

[1] Gobierno de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Acuerdo Global de Derechos Humanos. Compromiso 4º, numeral 1). México, D.F., 29 marzo 1994.

[2] En 2002 la SAE circuló un memorándum en el Gabinete de Gobierno sobre “Patrones de asesinatos, amenazas e intimidaciones” contra disidentes del régimen y concluyó que los denominados CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, según la denominación del Acuerdo Global) “eran responsables”.

[3] Es más, en una sesión del Gabinete de Gobierno el ministro de la Defensa, general Eduardo Arévalo, replicó el memorándum de la SAE afirmando que “no hay un patrón de amenazas, hay un patrón de denuncia” que representa un ataque político contra el gobierno por parte de grupos de derechos humanos.

[4] El escritor Francisco Goldman documenta muy bien estos casos en su obra, producto de ocho años de investigación, The Art of Political Murder. Who Killed the Bishop? Grove Press: New York, 2007.

[5] Se trata de una matanza extrajudicial de siete reos acusados de narcotraficantes, planificada y ejecutada por el alto mando del Ministerio de Gobernación, bajo Carlos Vielman (un operador de seguridad de las grandes corporaciones guatemaltecas) que ocurrió el 26 de septiembre de 2006 en la cárcel Pavón, en las inmediaciones de la ciudad de Guatemala. En 2010 la CICIG concluyó que los responsables eran el ministro Vielman, su jefe de policía Erwin Sperisen y el encargado de investigación criminal Javier Figueroa; sin embargo, bajo el mando de Dall´Anese la CICIG renunció a la extradición de los señalados argumentando que no podía garantizárseles su seguridad en Guatemala, y los países donde buscaron refugio los están juzgando. Hasta ahora Sperisen, que tenía pasaporte suizo, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal en Ginebra. Figueroa fue absuelto por un jurado en la pequeña localidad de Ried im Innkreis, en Austria, mientras que Vielman guarda prisión preventiva en España.

[6] Corresponde al secuestro y ejecución extrajudicial de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, y del piloto que los conducía de San Salvador a Guatemala. Ocurrió el 19 de febrero de 2007 y la misma cúpula del caso de Pavón fue responsabilizada del crimen. El Congreso promovió un juicio político en contra de los funcionarios señalados, pero estos renunciaron. El escandaloso crimen tuvo como zaga la ejecución de agentes de policía detenidos en una cárcel de máxima seguridad, supuestamente involucrados. Ese crimen orilló al Congreso a aprobar finalmente en agosto el Acuerdo de la CICIG.

[7] Es otro caso atribuido a la cúpula de Gobernación bajo el mando de Vielman de ejecución de reos supuestamente fugados, como parte de una extensa campaña de “limpieza social” o de desaparición de “indeseables sociales” que se puso en marcha entre 2004 y 2007 sumando alrededor de 5 mil víctimas.

[8] Julia Schünemann (Mirando al monstruo a la cara. Iniciative for Peacebuilding. Octubre 2010) propone como marco de interpretación la teoría de Barnett y Zürcher sobre el “Contrato de los constructores de la paz” o del estado de derecho, según el cual la construcción “externa” del Estado puede reforzar las relaciones pre-existentes entre el Estado y las elites tradicionales. Los constructores del Estado de derecho a menudo transfieren únicamente ‘las ceremonias y símbolos del Estado liberal-democrático’ en lugar de llevar a cabo una transformación real en los países en que intervienen, y por eso desarrollan un modelo llamado ‘el contrato de los constructores del estado de derecho‘, lo cual se intentó claramente en Guatemala con la CICIG entre 2007 y 2009.

[9] Por cierto, una consecuencia en El Salvador de no haber atajado a tiempo los CIACS ha sido muy bien documentada por Héctor Silva Ávalos en un libro cuyo título resume el problema: Infiltrados. Crónica de la corrupción en la PNC, 1992-2013 (UCA, Editores, agosto 2014).

[10] Lima es un ex capitán del Ejército condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Gerardi, pero que es reconocido por la prensa y la misma CICIG como quien gobierna las cárceles a través de extorsiones a los mismos reos, la asociación con poderosos narcotraficantes y financiando campañas políticas, incluyendo la del ex presidente Otto Pérez. La CICIG lo procesó por delitos cometidos durante prisión, pero el Gobierno nunca recuperó el control de las cárceles y la estructura criminal de Lima fue sustituida temporalmente por su competencia. Con el nuevo gobierno de Jimmy Morales (que asumió el 14 de enero de 2016) Lima recuperó poder.

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