Ex canciller de Guatemala analiza el papel de la comisión de la ONU (CICIG) en la lucha contra la impunidad en su país

Foto: http://www.cicig.org/index.php

Por Edgar Gutiérrez

Publicado en Nueva Sociedad

Mayo/junio 2016

La percepción de la CICIG como herramienta de «corrección política» se fue modificando por la fuerza de la realidad. Fue evidente entre finales de 2014 y abril de 2015 con el caso de una estructura criminal proveniente de una familia de narcotraficantes en la zona del Caribe, encabezada por Haroldo Mendoza. Se trataba de una mafia sin identidades de Guerra Fría que imponía su asfixiante ley de terror a pobladores humildes y desprotegidos. Un ejemplo de cómo los señores del crimen se adueñan de territorios enteros, junto a todo lo que contienen, sin que el Estado mueva un dedo por sus habitantes y propiedades. Lo mismo ocurre en las cárceles, la mayor fábrica de extorsiones y crimen organizado de Guatemala, gobernadas de hecho por Byron Lima, uno de los sentenciados por el asesinato del obispo Gerardi10.

El cambio de percepción quedó reflejado, pocos meses después, en una encuesta de agremiados de la Cámara de Comercio: más de tres de cada cuatro encuestados apoyaron la permanencia de la Comisión. ¿Por qué? La seguridad ciudadana empeora y la corrupción es escandalosamente mayor.

Ahora en Guatemala no hay opción a la CICIG. Volvemos la mirada sobre el archipiélago de instituciones nacionales de seguridad y justicia y nos encontramos con un fango. En ese fango hay perlas (policías dignos, jueces valientes, fiscales íntegros, agentes de inteligencia honestos), pero si no se configura un hábitat donde respiren seguirán siendo cooptados, asfixiados o expulsados. Por otro lado, aunque lo tengan, en realidad los problemas de esas instituciones no son de déficit de capacidades técnicas: en ellas, abierta o encubiertamente, mandan las mafias.

La CICIG no es la panacea. En nueve años de operaciones, la Comisión ha tenido un desempeño errático. Hay dos factores que casi la convierten en una misión experimental fallida: politización y gestión. La politización fue el mal que implantó Castresana, creyente de que los pactos con una parte de las elites locales lo volverían intocable, recipiendario de todas las agencias de inteligencia del mundo, o que rumores proclamados como verdades inapelables (pero no judicializables) lo harían temible. No creyó en el poder real de la justicia, y sin esa convicción era imposible –ahora se constata– que cumpliera su mandato. El problema de gestión es una mezcla de factores para nada insuperables, pero que demandan, además de adaptación al terreno, un liderazgo inobjetable y una supervisión estricta.

Las investigaciones originales de El Infiernito, Pavón, Boquerón y Víctor Rivera correspondieron a la gestión de Castresana y eran conducidas por un contingente de fiscales, policías e investigadores éticos y profesionales, quienes, frustrados, abandonaron la CICIG. Pero aun así hubieran resultado impensables bajo nuestras instituciones solas, repito, no por falta de capacidades técnicas sino por las ataduras de la corrupción y el crimen. Por lo tanto, es ingenuo pensar que en ese contexto la tarea de la CICIG sea transferir capacidades, lo cual, de todos modos, solo puede ocurrir sobre el terreno: enseñar haciendo y, a la vez, poniendo a prueba quién es quién dentro de las instituciones. La transferencia de capacidades institucionales ocurre en la práctica, no en salones de capacitación. La transformación del sistema de justicia puede ocurrir como un contagio en los operadores de justicia, siempre y cuando la sociedad esté auditándolos y los cambios se institucionalicen mediante reformas en el régimen político y administrativo del Estado. No es fácil, cuando cierta estabilidad la garantizan los agentes no estatales.

Lima es un ex-capitán del Ejército condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Gerardi, pero que es reconocido por la prensa y la misma CICIG como quien gobierna las cárceles mediante extorsiones a los presos. Además desde la cárcel financia campañas electorales.


10. Lima es un ex-capitán del Ejército condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Gerardi, pero que es reconocido por la prensa y la misma cicig como quien gobierna las cárceles mediante extorsiones a los mismos reos, la asociación con poderosos narcotraficantes y el financiamiento de campañas políticas, incluida la del ex-presidente Otto Pérez. La cicig lo procesó por delitos cometidos durante su prisión, pero el gobierno nunca recuperó el control de las cárceles y la estructura criminal de Lima fue sustituida temporalmente por su competencia. Con el nuevo gobierno de Jimmy Morales (que asumió el 14 de enero de 2016), Lima recuperó poder.


Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 263, Mayo – Junio 2016, ISSN: 0251-3552

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