Periodista y literato argentino contextualiza las reformas de Temer en Brasil

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Por Demian Verduga.

La mayoría de las reformas impulsadas por el presidente interino de Brasil, Michell Temer, intentan retomar el rumbo que marcaron las políticas que se aplicaron en América del Sur en la década del ‘90. Las diferencias de magnitud y de intensidad de aquel ciclo neoliberal, en los dos países más grandes de la región, Brasil y Argentina, fueron muy importantes. Es un factor para tener en cuenta a la hora de analizar el intento de restauración neoliberal en la región. Para graficar estas diferencias hay que señalar que, al finalizar el ciclo neoliberal anterior, la presencia del Estado en sectores estratégicos de la economía era mucho mayor en Brasil, que en ningún momento practico el extremismo privatizador que se impulsó en Argentina. Esta comparación sirve para entender por qué en este nuevo intento hay más terreno para recorrer en el país carioca.

Las dos grandes líneas directrices de las decisiones de Temer no presentan demasiadas novedades: ajuste de la inversión pública, especialmente en materia social, incluyendo una reforma previsional; flexibilización laboral y privatizaciones. La misma y vieja receta, que no sólo ya fue aplicada en Sudamérica sino que terminó en fracaso.

La primera medida importante lograda por Temer, con una aprobación muy amplia en el Parlamento, fue el congelamiento del gasto público por 20 años. Se hizo luego de haber aumentado el déficit, en parte por la recesión y en parte por la reducción de impuestos para los ricos. En rigor, la reforma permite una actualización basada en la inflación. Lo que limita de modo explícito es la posibilidad de que el Estado pueda participar de una mayor porción del PBI. Es un claro intento por frenar el proceso de construcción de mayores niveles de igualdad que tuvo la sociedad brasileña durante los gobiernos del PT, con todas sus contradicciones.

El combo viene acompañado de la flexibilización laboral. Se abre la posibilidad de una jornada mayor a las 48 horas semanales y también superior  a las ocho horas diarias. Ese techo subiría a 12. También se suma la posibilidad, para las empresas, de tercerizar más partes del proceso de producción, lo que las libraría de pagar las cargas sociales y de asumir los costos de una indemnización si se despide al personal. Temer impulsó el congelamiento en el nombramiento de empleados públicos, a tono con la medida de restricción del gasto. En definitiva, un retroceso en las garantías y la calidad de vida de los trabajadores sindicalizados.

Estas medidas ubican a Brasil en las antípodas de lo que se está discutiendo, por ejemplo, en algunas provincias de Canadá y en Finlandia, donde se debate la creación de un salario universal de por vida, para combatir las consecuencias del desempleo provocado por la revolución tecnológica.

Quizás la más “comprensible” de las reformas, que es tendencia mundial por el incremento de la esperanza de vida, sea el aumento de la edad jubilatoria. En Brasil, la ley actual pide un mínimo de 30 años d servicio, a las mujeres, de 35 a los hombres, y un piso de edad de 54 años. De aprobarse la reforma del gobierno conservador, ese piso se extendería a los 65. La justificación de la medida, como de tantas otras, es la reducción del déficit fiscal.

Cabe señalar aquí que son varios los economistas que cuestionan esta tendencia mundial. Sostienen que, si bien es cierto que creció la esperanza de vida, también es verdad que, producto de la tecnología, se incrementó la productividad de cada trabajador y, por lo tanto, es falso que hagan falta más empelados activos para sostener a los pasivos.

El punto estratégico más profundo de las reformas de Temer, cuyo objetivo claro es frenar el proceso de igualación de derechos en la sociedad brasileña, está en el área privatizadora. Se destaca la reforma que intenta debilitar la posición de la empresa mixta Petrobras en la explotación de los yacimientos hallados en la plataforma marítima continental brasileña. Esta reforma pretende flexibilizar la participación obligatoria del 30% para Petrobras que prevé la actual regulación. Implica abandonar las políticas que transformaron a la empresa en la más grande de Brasil y una de las mayores del mundo, basada en el monopolio de la explotación petrolera que fue flexibilizado recién en 1997, cuando la posición de la compañía ya estaba consolidada y podía competir con firmas extranjeras.

Las limitaciones del plan.

Al igual que en Argentina, el límite a las iniciativas de Temer lo pone la poca aceptación del gobierno en la opinión púbica, además del golpe recibido por todos los proyectos neoliberales a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Trump-se sabe-impulsa un discurso de nacionalismo económico, comparable con el de algunos gobiernos progresistas latinoamericanos, pero en este caso acompañado por una retórica de extrema derecha, que fomenta la xenofobia y, por momentos, recuerda las argumentaciones construidas por los nazis en Alemania, que culpaban a los comerciantes judíos por los problemas de la economía germana.

Volviendo a Brasil,  según la última encuesta del instituto MDA, cerrada a mediados de febrero, la desaprobación de la gestión de Temer ascendió  al 62,4% de los consultados y la aprobación se limitó al 24,4. Al mismo tiempo, el ex presidente Luis Ignacio Lula Da Silva sigue siendo el favorito para las presidenciales del 2018. Estos dos indicadores muestran que el “clima de época”, cultural y social, es uno de los principales adversarios que la derecha encuentra en América del Sur para ejecutar la restauración conservadora.

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